La Ciudad de México marca un hito histórico con la entrada en vigor de la tan esperada Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Firmada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, esta legislación revoluciona la forma en que la sociedad y el gobierno interactúan con nuestros amigos de cuatro patas.

“Estas reformas reflejan nuestro profundo compromiso con el bienestar animal”, declaró Batres emocionado durante la presentación oficial. “No solo nos preocupamos por su salud física, sino también por su nutrición, ambiente, salud mental y emocional. Estamos evolucionando hacia una sociedad más compasiva y responsable”.

Una de las principales disposiciones de esta ley es la obligatoriedad del Registro Único de Animales de Compañía (ROAC CDMX), que busca crear un censo completo de nuestras mascotas. “Este registro no solo nos permitirá tener un control más efectivo sobre la población animal, sino que también garantizará una tutela responsable y atención adecuada para cada uno de ellos”, explicó Carlos Fernández, director de la Agencia de Atención Animal.

Con más del 57% de los hogares en la Ciudad de México compartiendo su vida con un amigo peludo, la importancia de esta medida es innegable. “Estamos hablando de millones de animales que merecen ser reconocidos y protegidos”, agregó Fernández. “Con este registro, podemos garantizar que ningún animal se pierda en las calles o sufra el abandono”.

La ley también establece cambios significativos en la terminología y prácticas relacionadas con nuestros compañeros peludos. Ya no se les considera “animales domésticos”, sino “animales de compañía”, y sus dueños son ahora “tutores responsables”. Además, se prohíbe terminantemente el sacrificio de animales sanos, optando en su lugar por la eutanasia humanitaria en casos de sufrimiento insoportable o enfermedades incurables.

Pero la protección de nuestros amigos peludos va más allá de las palabras: la ley también impone duras sanciones para aquellos que maltraten a los animales. Multas de hasta 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, así como arrestos administrativos, son algunas de las medidas destinadas a disuadir el abuso animal.

Además, la ley establece la obligación de que los propietarios registren a sus mascotas y que incorporen la clave del ROAC en sus placas de identificación. El incumplimiento de esta normativa podría resultar en multas considerables que van desde los 2.279,97 hasta los 3.365,67 pesos mexicanos y hasta posibles arrestos.

La entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal marca un nuevo capítulo en la relación entre humanos y animales en la Ciudad de México. Es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida de cuidar y respetar a todas las criaturas que comparten nuestro planeta y nuestro hogar.

En Colombia, un proyecto de ley ha surgido como un faro de esperanza para los animales domésticos, proponiendo un curso obligatorio para la tenencia responsable y la creación de un registro nacional de propietarios de mascotas. Presentado con entusiasmo por el representante de Cundinamarca, Julio Roberto Salazar, este proyecto busca transformar la relación entre los ciudadanos colombianos y sus fieles compañeros, destacando la necesidad de conciencia y responsabilidad en el cuidado de los animales.

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes ha dado un paso trascendental al poner de relieve esta iniciativa crucial, que ha cobrado fuerza ante las alarmantes cifras de maltrato animal en todo el país. Un informe impactante del Grupo de Enlace de Urgencias Veterinarias y Maltrato Animal reveló la atención a 29,419 incidentes relacionados con animales en tan solo un año en Bogotá, subrayando la urgencia de abordar este problema de manera integral.

El proyecto propuesto, liderado por el senador Nicolás Echeverry y el representante Andrés Felipe Jiménez Vargas, apunta a establecer un curso obligatorio para la tenencia responsable de animales domésticos. La iniciativa ha sido respaldada por diversos representantes, entre ellos el entusiasta Julio Roberto Salazar, quien resaltó la nobleza y belleza del proyecto al reconocer que nace de la necesidad de concientizar sobre la responsabilidad que conlleva cuidar de un animal de compañía.

Sin embargo, la aceptación generalizada no ha impedido que se planteen valiosas sugerencias por parte de los representantes. Óscar Villamizar, representante por Santander, destacó la necesidad de especificar la entidad responsable de llevar a cabo el proyecto, cuestionando si corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud o al ICA. Por otro lado, Octavio Cardona, representante por Caldas, hizo un llamado a la cautela para evitar que los requisitos propuestos se conviertan en una carga para los propietarios, enfocándose en no obstaculizar la promoción de la tenencia responsable y prevenir un aumento en las tasas de abandono.

El proyecto no sólo propone cursos obligatorios, sino también incentivos para combatir el maltrato animal, promover la adopción, vacunación, esterilización, cría y venta responsable de animales domésticos. Además, contempla la creación del Registro Nacional de Propietarios de Animales Domésticos, una base de datos esencial para planear campañas de divulgación sobre los derechos de los animales y las obligaciones de sus propietarios.

El representante Julio Roberto Salazar resaltó la nobleza del proyecto al expresar que busca brindar herramientas y conocimientos valiosos a los dueños de mascotas, protegiendo así los derechos de los animales que comparten nuestro hogar. A pesar de las sugerencias, el proyecto ha superado la fase inicial en la Comisión Quinta y se encamina hacia la plenaria de la Cámara de Representantes, marcando un paso significativo hacia la protección y promoción del bienestar de los animales domésticos en Colombia.

Además, la Corte Constitucional ha convocado a una audiencia pública técnica para abordar la doble connotación que ostentan los animales de compañía en Colombia. La iniciativa busca determinar los retos jurídicos y establecer si las mascotas deben considerarse como parte de un núcleo familiar o como bienes sintientes. La justicia colombiana busca así sentar las bases para abordar casos similares y pronunciarse sobre el rol de las mascotas en la sociedad. Un debate necesario que refleja la importancia de reconsiderar el estatus jurídico de nuestros fieles amigos y compañeros de vida.